El derecho a la ciudad

A fin de cuentas, lo que está siempre en cuestión es el derecho a existir. No es algo dado, algo sobrentendido. Es, como en el resto de las interacciones sociales, una cuestión de poder en última instancia. Y es una obviedad decir que en un régimen capitalista ese poder que cada uno detenta se expresa principalmente en los recursos económicos que posea. No únicamente, pero sí principalmente.
El desalojo sin orden judicial (¿pero cambiaría algo la cuestión que hubiera sido con orden judicial?) de los cartoneros asentados en Barrancas de Belgrano revela quienes tienen derecho a usar la ciudad, quienes tienen derecho a hacer uso del espacio público. La doxa progresista de los burócratas y los vecinos bien pensantes concibe al espacio público como una zona donde las diferencias de clase quedarían suspendidas, mágicamente, en favor de una igualdad temporaria, una igualdad cuasi ateniense donde sólo la cualidad de "ciudadanos" abre la puerta del disfrute urbano a todos por igual.
Las cosas son bien diferentes a la bella doxa que elaboran en sus escritorios y ONGs los cráneos del pensamiento urbano. El espacio público es espacio social y en él juega la misma lógica que en el espacio privado: para vivir en un depto de Barrancas tenés que tener plata y pertenecer a cierto estrato socioeconómico, tenés que tener cierta posición. Lo mismo para usar el espacio público de Belgrano. Si no cumplís esas condiciones, afuera.
El caracter "igualitarista" de la Argentina del siglo XX - del que hablaba nostálgicamente Lucas Rubinich en una nota en P/12 esta semana - hace tiempo que se fue al tacho. Ahora, desde la derecha se erige el viejo discurso del orden (la limpieza, la salubridad, el cuidado de la estética de una ciudad cada vez más diseñada como paseo turístico, el fantasma de la delincuencia) y desde la progresía bondadosa se exhorta a la aplicación de soluciones asistenciales que les permitan a sus psicoanalizados vecinos conciliar el sueño.
Así como el aumento incensante de los alquileres está, silenciosamente, expulsando de la ciudad a miles de familias pobres, así como las normas de habilitación heredadas de la paranoia post Cromañón han logrado cerrar numerosos espacios culturales y comerciales, la embestida decidida del gobierno PRO y el apoyo de los vecinos que no quieren oler a un pobre en sus cuidados espacios verdes, están rediseñando una ciudad cada vez más homogénea socialmente. Una ciudad donde el derecho a usarla esta reservado para unos, felices y educados, pocos.